Muy intersante noticia sobre algunas cooperativas de trabajo asociado (o qué se yo) de Colombia:
El paro de los corteros de caña en el Valle del Cauca, que ya supera los 40 días, puso nuevamente en la agenda pública el tema.
Pueden ser 8.000 ó 9.000 ó 12.000 corteros asociados en un centenar de CTA cuyo trabajo provisiona la materia prima de ingenios como Manuelita, Cauca, Mayagüez, Providencia, Riopaila y María Luisa, paralizando la producción de etanol y de azúcar, con repercusiones en la economía de todo el país.
El paro de esos miles de cooperados busca una relación de trabajo diferente a la que sostienen desde hace aproximadamente ocho años con los empresarios del azúcar: ser asalariados y no 'dueños' de las CTA a las que señalan de no cumplir con las normas laborales.
En otras palabras, lo que pretenden es que los ingenios los contraten como trabajadores directos, estabilidad en el trabajo y, en consecuencia, poder ejercer el derecho de negociación colectiva.
Cientos de empresas optaron hace varios años por contratarles trabajadores (asociados) a las CTA y sus carnales menores, las precooperativas, porque les resulta más barato, ya que no tienen que pagar seguridad social, ni aportes parafiscales, ni primas, ni cesantías, ni vacaciones, ni indemnizaciones, en fin, nada de las obligaciones contempladas en el código del trabajo.
Muchas precooperativas y CTA se prestaron para ese juego en detrimento de sus asociados, que en la práctica se convierten en trabajadores de las empresas contratantes, porque aquellas, violando la ley, actúan como Empresas de Servicios Temporales (EST).
"Somos conscientes de que muchas CTA se han desviado de su objetivo, abusando de los trabajadores", reconoce la presidenta de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), Clemencia Mantilla, apreciación que comparte el Superintendente de la Economía Solidaria, Enrique Valderrama, organismo que debe vigilar, controlar e inspeccionar no menos de 12.000 CTA, "una tarea imposible de hacer".
Aunque tienen más de 77 años de vida, es a partir del 2000 cuando se produce una verdadera explosión de CTA porque negociantes y empresarios vieron en esta figura la posibilidad de obtener ganancias. Los primeros, a costa de los asociados-trabajadores y de reducir costos de producción, los segundos, para enfrentar la crisis de la economía colombiana.
De 572 CTA existentes en el 2000 se pasó a 3.602 en el 2007, según datos de Confecoop; otras miles han funcionado u operan en la ilegalidad abierta o con un pie en las normas y el otro fuera de ellas.De aquí la cifra de 12.000 que manejan algunas entidades.
El número de asociados se multiplicó 13,5 veces hasta superar los 500.000 en el período mencionado, aunque se habla de que en realidad está por encima del millón de personas.
"Los corteros de caña reclaman condición de asalariados porque no se sienten cooperados, ya que muchas CTA simplementen son intermediarias en el mercado laboral", sentencia el presidente de Acoset (gremio de las EST), Miguel Pérez, que acusa a las 'seudocooperativas' de competencia desleal.
Para el Superintendente Valderrama, sin embargo, las CTA cañeras no hacen intermediación laboral, que es cuando envían a un trabajador a prestar un servicio en una empresa donde le ponen horario, jefe y tarea.
Presionado por las organizaciones obreras y los compromisos adquiridos en el TLC negociado con Estados Unidos, el Gobierno colombiano impulsó una ley para reducir la diferencia de costos de las empresas entre la vinculación directa y la contratación de trabajadores a través de la CTA.
Así, se estableció que desde el primero de enero del 2009 las CTA con facturación anual superior a 435 salarios mínimos tendrán que pagar 9 por ciento de contribuciones (aportes) parafiscales como cualquier empresa: para el Sena (2 por ciento) y el Icbf (3 por ciento), pero calculado sobre la compensación ordinaria mensual, que no puede ser inferior a un salario mínimo.
El 4 por ciento para las cajas de compensación se calculará sobre compensaciones ordinarias y extraordinarias.
Así mismo, las CTA tendrán que aportar, como si fueran patronos, lo que les corresponda a salud, pensiones y riesgos profesionales.
La ilegalidad en la que actúan miles de CTA, más la insuficiencia de personal del Ministerio de la Protección Social para inspeccionar, vigilar y controlar son algunas de las causas principales para el bajo número de sanciones impuestas.
JORGE CORREA C.
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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