Juan Pablo Morales
en Diario LA NACION
Pueden manejar fondos sin control y eligen a los beneficiarios con absoluta discreción
Un intendente del sur del conurbano calculaba encerrado en su despacho cuánto dinero iba a administrar con el plan de cooperativas. Salvo los salarios, sabía que el resto pasará por sus manos: anotó un adelanto de 25.000 pesos en "herramientas" y un promedio de 250.000 pesos anuales en "materiales". Lo multiplicó por las 30 cooperativas de su distrito. El resultado: 8.250.000 pesos en efectivo. "Y sólo para empezar", insistía, como si conociera el secreto del poder: "Porque no hay cupos. ¿Te imaginás toda esa plata en manos piqueteras?".
La inocultable disputa entre intendentes y organizaciones sociales por el masivo plan oficial de cooperativas provocó un efecto no deseado para el Gobierno: dejó al descubierto la pesada maquinaria de recursos y poder que empezó a rodar en la región política más influyente de la Argentina. Un sistema millonario, dominado casi sin controles por los jefes territoriales, que vigilan con ojo férreo el armado de los listados y que, en más de un caso, los usan para engrosar su tropa política.
Un botín que los piqueteros, tanto oficialistas como opositores, pretenden arrebatarles, como se vio la última semana: entrar en el plan fue el argumento de los grupos que bloquearon 32 horas la 9 de Julio.
La pelea vale dinero e influencia. La etapa preliminar del Plan Argentina Trabaja incluye 25.000 puestos, 1000 por cada distrito del conurbano. En total, son más de $ 400 millones anuales en salarios, depositados en cuentas individuales en el Banco Nación. Pero el secreto de la administración está en otro lado: los municipios recibirán dinero en efectivo para materiales y para herramientas. Un promedio de $ 275.000 por cooperativa. En total, más de 200 millones. Y es sólo el piso: la Presidenta anunció que tiene 1500 millones para repartir.
El nuevo plan es una copia maximizada de algo que ya existía: el Programa de Inclusión Social, que formaba cooperativas de hasta 16 personas. La nueva versión las cuadriplica. El objetivo era que se dedicaran a pequeñas obras: construir veredas, reparar viviendas, pintar refugios.
En el Ministerio de Desarrollo Social aclaran que ellos siempre eligen a los beneficiarios. Pero la mayoría no lo sabe y suele señalar a la tropa de los intendentes como los encargados de elegirlos. Lo comprobó LA NACION en una recorrida al azar en el distrito más grande del país, La Matanza. Decenas de cooperativistas dieron respuestas idénticas para explicar cómo habían conseguido sus lugares: "Por un referente político". Algunos detallaban que colocaban hasta cinco por grupo. Otros contaban que también coordinaban viajes a actos políticos, con la misma naturalidad con la que agradecían "la oportunidad de tener un salario digno".
Financiamiento adicional
No hubo que buscar mucho para encontrarlos. En La Matanza, hay cooperativistas que en lugar de hacer obras limpian plazas, cuidan edificios públicos o controlan el tránsito. Todos se sumarán al nuevo programa. Acosados por el déficit, los intendentes hallaron un sistema ideal para financiar empleados con fondos del Gobierno.
Cada beneficiario cobra $ 1385 (son monotributistas sociales). Cada cooperativa tiene cuatro capataces y un promotor, que gana algo más: $ 2385. En teoría, son supervisores. A veces actúan como punteros.
José C. Paz es un caso. Una histórica beneficiaria, que construyó el barrio Saavedra Lamas, espera un lugar en el nuevo plan. "Eso sí, los referentes piden 400 pesos del sueldo", se quejó en una charla reservada con LA NACION. Durante los cuatro años que fue ayudante de albañil, entre 2005 y 2008, estaba obligada a hacer pegatinas en nombre del intendente, Mario Ishii. Sus jefes de entonces ahora lideran la ampliación del programa.
Los piqueteros opositores usan esos ejemplos para criticar el sistema. Denuncian que hay "usos clientelares para fortalecer aparatos". Pero eso es en público: cuando van a negociar, piden lugares para ellos. Y cooperativas propias.
Varios líderes oficialistas ya lograron ese objetivo. En estricta reserva, Luis D´Elía negoció 2500 puestos. Emilio Pérsico eligió otra vía: coló militantes como coordinadores.
A los intendentes les molesta que les diputen el territorio. Cuatro de ellos admitieron ante LA NACION que revisaron listados para evitar filtraciones piqueteras. Por eso comenzó la pelea. Los piqueteros opositores se unirán y bloquearán la Capital, mientras el Gobierno promete crear "mesas de gestión" en los barrios, para que todos allí se sienten a negociar. Una idea que a los barones los exaspera: temen que la protesta se mude a la puerta de sus despachos.
Colaboró Mariana Verón
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